El Gobierno de España ha aprobado un nuevo marco normativo que modifica el Reglamento de Extranjería con el objetivo de facilitar la regularización administrativa de personas extranjeras que residen en el país. Esta reforma, conocida como regularización migratoria España 2026, representa un avance significativo en la gestión ordenada de la movilidad humana y en la promoción de la inclusión social y económica.
La medida, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, introduce vías más flexibles para la obtención de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, en respuesta a las actuales dinámicas migratorias y a las necesidades del mercado laboral español, alineándose con la regularización migratoria España 2026.
De acuerdo con estimaciones difundidas por fuentes oficiales y medios públicos, la reforma, bajo el esquema de regularización migratoria España 2026, podría beneficiar a aproximadamente 500.000 personas en situación administrativa irregular, facilitando su integración formal en el sistema productivo y en la seguridad social.
Nuevas modalidades de arraigo
Entre las principales novedades del nuevo Reglamento de Extranjería se destacan dos figuras jurídicas:
Arraigo para solicitantes de protección internacional: dirigido a personas que hayan solicitado asilo antes del 1 de enero de 2026 y cuya solicitud se encuentre pendiente de resolución.
Arraigo extraordinario: destinado a ciudadanos extranjeros que se encontraran en España antes del 1 de enero de 2026 y que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa.
Estas disposiciones buscan garantizar la inclusión social, la seguridad jurídica y el acceso a derechos fundamentales para la población migrante.
Requisitos generales para la regularización
Según la normativa y la guía informativa difundida por Radiotelevisión Española (RTVE), los solicitantes deberán cumplir con los siguientes criterios:
- Haber permanecido en España antes del 1 de enero de 2026.
- Acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses previos a la solicitud.
- Ser mayor de edad.
- No contar con una autorización de estancia o residencia vigente.
- Carecer de antecedentes penales en España y en los países donde hayan residido durante los últimos cinco años.
- No representar una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública.
- Cumplir con los requisitos específicos de arraigo laboral, social, familiar o de vulnerabilidad.
Asimismo, el esfuerzo de integración podrá acreditarse mediante informes emitidos por comunidades autónomas o ayuntamientos, mientras que las organizaciones del tercer sector registradas podrán certificar situaciones de vulnerabilidad.